El gobierno de Ecuador ha permitido que empresas extranjeras de minerales y petróleo planifiquen y comiencen a realizar técnicas de extracción altamente destructivas y contaminantes en millones de acres de bosques vírgenes en las provincias de Morona Santiago y Zomora-Chinchipe .

Estos proyectos causarán daños irreparables a grandes extensiones de selva amazónica virgen. Estos proyectos violan tanto la legislación nacional ecuatoriana como el derecho internacional de los derechos humanos.

Estos proyectos se llevan a cabo sin el consentimiento de los pueblos indígenas, cuyas tierras y lugares sagrados corren peligro de ser violados. Esto es contrario a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y contrario a la Constitución Ecuatoriana de 2008 que también consagra los Derechos de la Naturaleza.

Vastas extensiones del sur de Ecuador ahora se están abriendo a concesiones petroleras ya que el gobierno desea duplicar su producción de petróleo. El Presidente, en su manifiesto electoral, ha manifestado que explotará los recursos minerales y petroleros de Ecuador para obtener ingresos para su país.